Las agendas urgentes
Que en Argentina, un país productor de alimentos, un sector de su población pase hambre es un escándalo ético. Para pensar soluciones será necesario atender y articular las agendas de la producción, el Estado y la equidad.
El escenario político argentino plantea hoy una serie de desafíos urgentes producto de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. La emergencia alimentaria, el cierre de empresas, el aumento del desempleo y la caída estrepitosa del consumo son todos síntomas de un modelo que priorizó la libertad de mercado, la financierización de la economía y la concentración de la riqueza, abandonando a una buena parte de la sociedad a su suerte.
El principal problema social hoy es la desigualdad. Desigualdad que se expresa en la persistencia de bolsones de pobreza estructural, en la presencia de niños y niñas con altos índices de malnutrición, en el aumento de la indigencia y de la situación de calle de personas en las grandes ciudades, así como en el incremento del desempleo y el subempleo, en el sobreendeudamiento a tasas usureras para consumo corriente de las familias, entre muchos otros. La contracara de este proceso de deterioro de las condiciones de vida y de subsistencia de los sectores populares y de las clases medias trabajadoras es el enriquecimiento de ciertos sectores económicos que se han beneficiado con el proceso de concentración económica llevado adelante por la alianza Cambiemos.
Cerrar las brechas de esta creciente desigualdad requiere en principio atender una serie de agendas de políticas para afrontar los problemas más urgentes. En primer lugar, es necesario atender la agenda del hambre. En un país en el que se producen alimentos no es ético que haya niños y niñas que no accedan a los cuatro platos de comida diarios. Se está vulnerando el derecho humano a la alimentación de una parte muy importante de la sociedad. Y se está dilapidando el futuro de varias generaciones que deberán enfrentar la vida en desventaja. Resolver el hambre es un tema de agenda política que, gracias al activismo de los movimientos sociales y de diferentes actores sociales, religiosos y territoriales, entre ellos los intendentes del Conurbano, ha dado su primer paso. Fueron ellos, los movimientos de la economía popular, los comedores comunitarios, los gobiernos locales y las iglesias de los barrios quienes, durante todos estos años, han contenido y canalizado la necesidad social y el conflicto territorial. La Ley de Emergencia Alimentaria es un avance porque constituye un marco normativo que permite al Estado Nacional actuar frente a este flagelo. Ahora es necesario contar con la voluntad política para hacerlo. Y para resolver la cuestión del hambre hay que atender otras dos agendas fundamentales: la agenda de la producción y la agenda estatal.
Producción y Estado
Sin un modelo productivo que promueva la generación de trabajo y de valor agregado, que desacople el precio de los alimentos de los precios internacionales de exportación, que promueva una transformación de la matriz productiva, diversificando la producción y generando cadenas de valor que permitan desarrollar las economías regionales, no será posible resolver el problema del hambre. La asistencia con políticas públicas activas es fundamental en momentos críticos, pero no debemos perder de vista el proceso estratégico de desarrollo de toda la economía.
En este sentido, un tema fundamental será la integración de la economía popular dentro del sistema económico. Por su capacidad productiva y de generación de valor, la economía popular debería ser un sector al cual el próximo gobierno atienda dentro de sus prioridades. Bajo un sistema económico donde el trabajo y el empleo están en crisis a nivel mundial por el avance del desarrollo tecnológico y productivo, es necesario pensar formas alternativas de generación de ingresos que garanticen pisos de protección social para todas y todos los trabajadores. Todas estas cuestiones deben ser abordadas por la agenda productiva del próximo gobierno.
Para poder construir un modelo productivo que garantice la seguridad alimentaria de todas y todos los habitantes, garantizando la equidad y la igualdad en el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad, es necesario recuperar la capacidad del Estado de intervenir en la economía y en los procesos de desarrollo. La agenda estatal requiere rejerarquizar al Estado y a sus instrumentos de política económica como factores clave del desarrollo de nuestra sociedad. Y aquí aparece un desafío fundamental. Debemos ser capaces de repensar las formas de hacer del Estado Nacional, corriéndonos de la perspectiva neoliberal de la gestión, poniendo el foco en el valor de los bienes públicos y en los procesos de inclusión social. Esto requiere de la construcción de nuevos pactos sociales entre los diferentes actores de nuestra sociedad. La articulación con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, con los diferentes actores económicos y con los actores institucionales de diferentes niveles de gobierno es fundamental para construir un Estado con capacidad de acción y de orientación del desarrollo. Es necesario recuperar una agenda estatal intersectorial, interjurisdiccional y participativa que construya capacidades y aborde integralmente los principales problemas de nuestro país.
Equidad
Por último, y no menor, es necesario atender la agenda de la equidad. La equidad entre los géneros es uno de los principales desafíos del proceso de desarrollo actual en el mundo, y en nuestro país en particular. En este sentido, es necesario asumir desde el Poder Ejecutivo la responsabilidad de implementar acciones tendientes a reducir las brechas de género existentes en la sociedad. Desde mitad del siglo XX, asistimos a un proceso de institucionalización del género en las agendas de gobierno, a partir del avance normativo internacional y nacional en cuanto a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres, así como de la inclusión masiva de las mujeres en el mercado laboral, el sistema educativo y la vida pública en general. Este proceso fue acompañado, desde el regreso democrático en la década del 80, por un fuerte proceso de movilización y organización de los movimientos de mujeres, feministas y de derechos humanos a partir de diferentes demandas que pusieron el foco en las brechas entre la igualdad formal expresada en estos avances normativos, y la desigualdad material en las condiciones de vida de las mujeres e identidades diversas y disidentes en nuestro país. Cerrar estas brechas de género, basadas en la desigualdad de poder entre varones, mujeres e identidades disidentes y diversas, y en la discriminación fundada en estereotipos de género, constituye hoy un objetivo estratégico para garantizar el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Para alcanzar la equidad es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder entre géneros en nuestro país, los cuales están atravesados por tendencias y factores de contexto que se cristalizan en nuevos desafíos. Entre los nudos estructurales a enfrentar se encuentran la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza: la brecha salarial entre mujeres y varones es de 27% según datos del INDEC y la feminización de la pobreza se expresa en mayores niveles de desocupación y de informalidad. El caso de la población trans es emblemático y tiene sus especificidades: el 90% vive en situación de pobreza, mientras que sólo el 18% de las personas trans han conseguido un trabajo formal a lo largo de su vida. Otro nudo estructural es la cultura patriarcal, discriminatoria y violenta que generó un femicidio cada 27 horas en lo que va de 2019. La división sexual del trabajo y la desigual distribución social de las tareas de cuidados –las mujeres destinan 6,4 horas por día a estas tareas, mientras que los hombres solo 3,4 horas– es otro desafío estructural. Por último, la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público constituyen un impedimento claro para alcanzar la equidad de género, dada la subrepresentación de las mujeres aún con los avances normativos de la Ley de Cupos y la Ley de Paridad.
Esto muestra que, tanto las mujeres como las identidades diversas y disidentes, sufren desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución social y económica, así como con el reconocimiento político y simbólico, todo lo cual atenta contra la autonomía, ya sea económica, física o en la toma de decisiones. La autonomía significa contar con la capacidad y las condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan las vidas de las mujeres y disidentes. Para el logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos reproductivos, poner fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones.
Como se señala en el Quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, la igualdad de género debe ser una de las principales metas que rija las políticas de Estado. Dentro de estas políticas, prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista debe ser una de las prioridades del nuevo gobierno. Garantizar a las mujeres e identidades diversas y disidentes una vida libre de violencia machista en todos sus ámbitos debe ser una prioridad de la agenda de la equidad.
Nota publicada en Le Monde Diplomatique
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