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En el día de hoy, fiel a su estilo y oportunismo del cual hace gala continuamente, la Ministra Bullrich hizo mención a una sentencia judicial en un proceso judicial en donde junto a varios diputados y diputadas y el patrocinio jurídico de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), habíamos presentado un amparo a los fines de solicitar se decretara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 5 del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad aprobado mediante Resolución N° 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ella misma conduce…..en lo que para nosotros/as, resulta el aval administrativo a la Doctrina Chocobar, doctrina que se viene cobrando la vida de inocentes victimas de casos de Gatillo Fácil.

Lo que la Ministra no dice en su festiva publicación, es que dicha sentencia no se encuentra firme y que hoy a la mañana ya presentamos el pertinente Recurso de Apelación, el cual deberá ser resuelto por la Camara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal.

Lo que tampoco dice la Sra. Ministra es que dicha sentencia nunca se adentró en analizar el fondo de la cuestión (esto es, que un Ministerio legisle en materia penal, algo prohibido por la Constitución) y mucho menos, hizo mención alguna en la gravedad y el riesgo que implica habilitar la utilización de armas de fuego en forma discrecional y casi sin control por parte de las fuerzas de seguridad. Por ende es una sentencia arbitraria e infundada.

Lo que, si dice, y festeja la Sra. Ministra, es que la sentencia apelada impuso el pago de honorarios por la suma de $41.500, en una clara muestra más de que la Seguridad para ella es una cuestión mercantilista y no de pleno respeto a los DDHH.

A nosotros/as no nos mueve otra intención distinta a que nunca más se repitan hechos graves de casos de GATILLO FACIL llevados a cabo por personal policial de diversas fuerzas de seguridad a la largo y ancho de todo el país, los cuales han derivado, entre otros, en el asesinato por la espalda del adolescente Matías Leonel Alderete (14), el pasado día 27/06/2019 en la Localidad de la Tablada, o bien el asesinato de Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22) sucedido el 19/05/2019 en la Localidad de San Miguel del Monte, o bien la ejecución a sangre fría de Diego Cagliero (30) el pasado 19/05/2019 en Martin Coronado, casos en los cuales, los efectivos policiales intervinientes, en la gran mayoría de los casos, se encuentran imputados penalmente y detenidos en forma preventiva.

Para la Sra. Ministra , la vida de esos pibes/as no valen nada; para nosotros/as, valen todo, por ello vamos a seguir presentando los recursos judiciales que sean necesarios a los fines de lograr que se declare la inconstitucionalidad de esa aberrante decisión administrativa que le permite a los policías utilizar armas de fuego cuando se les ocurra.

Victoria Donda
Diputada Nacional SOMOS