El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria es una problemática recurrente que afecta a miles de hogares monomarentales argentinos. Revertir esta situación requiere no solo de la intervención del Estado, sino también de una profunda transformación al interior de la estructura del Poder Judicial.

¿Te pensás que soy multimillonario para pasarte plata todos los meses?”, “creo que no llego a fin de mes, no te voy a poder dar la plata”, “pedile dinero a tu familia o amigas, seguro te prestan”.

Seguramente en alguna ocasión hemos escuchado estas y otras tantas frases pronunciadas por un padre hacia la madre de sus hijes. Esto tiene un nombre: violencia patrimonial o económica.

El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria es una problemática recurrente que afecta a miles de hogares monomarentales argentinos, junto a los niños, niñas y adolescentes que los habitan, quienes ven vulnerado su derecho a vivir dignamente y a que sus padres se hagan cargo por igual de sus necesidades básicas. Actualmente, la misma se encontró con un agravante: la pandemia originada de COVID-19. En este contexto, la mayoría de las tareas de cuidado y de las responsabilidades recayeron sobre las mujeres, tales como ocuparse de que su hijo asista a una clase vía Zoom, vestir a su hija, asear el hogar, hacer las compras diarias y, además, realizar trabajo remunerado fuera del hogar. Del total de hogares monomarentales, solo el 32% recibe ingresos por cuota de alimentos y, a su vez, son éstos los que enfrentan a diario mayores dificultades para lograr un cierto nivel de bienestar y conciliar las responsabilidades de cuidado con la vida personal y laboral.

Revertir esta situación requiere no solo de la intervención del Estado -como garante de derechos-, sino también de una profunda transformación al interior de la estructura del Poder Judicial. Coparentalidad, ¿les suena? Recoger el guante de la injusticia social y, mediante distintas líneas de acción, contribuir a la erradicación de actitudes, modos y conductas masculinas que oprimen y violentan a las mujeres y sus hijes, debería ser una prioridad en estos tiempos.

Resulta imperativo que el Estado nacional empeñe esfuerzos en la planificación y puesta en marcha de políticas y herramientas de protección a les niñes y adolescentes para subsanar la problemática que los atraviesa. Más concretamente, estamos hablando de garantizar que ningún niño ni ninguna niña se quede sin comer, de que las personas que crían a sus hijes no tengan que andar persiguiendo a quien no se hace cargo de sus deberes. Asimismo, se precisa de la participación estatal en la difusión de información vital a fin de concientizar acerca de la importancia del acompañamiento para sostener un hogar que permita a las infancias desarrollarse en plenitud.

Respecto al Poder Judicial y, tal como venimos recalcando hace ya bastante tiempo, nos urge que atienda a nuestro reclamo que, por cierto, es colectivo. Necesitamos una Justicia ágil, que maneje nuestros tiempos -el de las madres y sus hijes- y que garantice que la cuota por alimentos cumpla su objetivo de brindar una herramienta para que la crianza de les niñes pueda llevarse a cabo sin contratiempos. De nada sirven las leyes si desde estas instituciones no se actúa de forma inmediata, disponiendo de los recursos necesarios para que nada le falte a nuestros chicos y chicas. No nos sentamos más a esperar que se dignen a actuar. Les exigimos que lo hagan de manera eficiente y rápida. Además, es necesario que se adopte una perspectiva de género. Desde la estructura judicial se debe impulsar la erradicación de “manejos” de antaño y, por el contrario, poner en marcha acciones y dispositivos aggiornados a los tiempos que nos toca transitar.

El reconocimiento de esta problemática implica dirigir la mirada hacia los más vulnerables: las madres e hijes. El cambio empieza por ahí. Pero no se detiene. Las transformaciones al interior de las instituciones estatales y judiciales no deben esperar más. Es fundamental afrontar el problema transversal de los hogares monomarentales. ¿Seguiremos durmiendo “tranquilos, tranquilas y tranquiles” mientras seis de cada diez de ellos son pobres? ¿Lo haremos aún más si de esos seis, tres de cada cuatro no perciben la cuota? ¿Seguiremos permitiendo esta injusticia social y de género?

Tales interrogantes deberían motivar el accionar principalmente del Ejecutivo y del Poder Judicial. Entre tantas cosas que nos unen, nos une el convencimiento acerca de la lucha por la defensa de los derechos de estas familias y la idea de no permitir que se los, las y les avasallen. No nos correremos ni un milímetro de nuestra postura. No nos doblegarán. Seguiremos diciendo BASTA al incumplimiento de la cuota alimentaria y luchando para que la situación cambie sustantivamente.

Si de una vez por todas entendemos que la responsabilidad debe ser compartida entre la madre y el padre y, en paralelo, desde el Estado se implementan políticas públicas en favor de garantizarla, habremos dado un paso importante en dirección hacia un país más justo e igualitario.

Nota publicada en Infobae

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